El derecho de Habeas Data, proveniente de los artículos 15 y 20 de la Constitución Política encuentra su desarrollo y regulación con la promulgación de la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2012.
Respecto de la primera, la Ley 1266 está especialmente dirigida a la protección, circulación y tratamiento de datos personales relacionados con la información financiera, crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países. En ella, se disponen los deberes de las entidades que funge como fuente de datos[1] y operadores de información[2]; como también los derechos de los titulares de la información.
De los aspectos más importantes a tener en cuenta, se señalan los siguientes:
1. Es obligatorio contar con la autorización de la persona para el uso de sus datos personales.
2. La autorización debe ser previa, libre y expresa. Deberá existir constancia por algún medio de su otorgamiento.
3. El reporte negativo ante las centrales de riesgo, deberá ser efectuado una vez se haya cumplido con el envió de la comunicación al usuario y transcurridos los 20 días que determina la norma.
4. Ningún reporte negativo podrá permanecer indefinidamente.
5. El uso de los datos personales se encontrará limitado a los fines específicos que se le dieron a conocer al usuario o cliente.
6. La información administrada por las entidades autorizadas deberá ser completa, veraz y actualizada.
El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores o de los demás requisitos consagrados en la normatividad, acarrean sanciones y multas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Por otro lado, la Ley 1581 de 2012 amplía su espectro y dispone los lineamientos de protección de los datos personales de manera general, es decir que se aplica en todos los ámbitos de recolección de datos utilizados por entidades de naturaleza pública o privada, salvo las entidades que se rigen por la Ley 1266 de 2008.